La Generalitat reclama al Estado que garantice el derecho a no aportar documentación ya presentada
- La Generalitat traslada a la Agencia Estatal de Transformación Digital las deficiencias detectadas en el servicio de soporte de la Plataforma de Intermediación de Datos, una infraestructura esencial para la Administración digital
- La Comunitat Valenciana realiza más de 38 millones de consultas interoperables al año para evitar que ciudadanos y empresas tengan que presentar documentación que ya obra en poder de las administraciones públicas
Valencia, 14/07/2026
La Generalitat ha remitido a la Agencia Estatal de Transformación Digital un informe en el que advierte de las deficiencias detectadas en el servicio de soporte del Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores (CAID), responsable de gestionar las incidencias y autorizaciones necesarias para acceder a los servicios de la Plataforma de Intermediación de Datos.
La Generalitat considera que esta situación trasciende el ámbito estrictamente tecnológico y afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al dificultar la utilización de una infraestructura esencial para la tramitación administrativa y para el ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a no aportar documentos que ya obran en poder de las administraciones públicas, reconocido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
La Plataforma de Intermediación de Datos permite que las administraciones consulten directamente información como la identidad, el empadronamiento, la situación tributaria o con la Seguridad Social, los títulos académicos, la condición de familia numerosa, la discapacidad o los datos catastrales, entre otros.
Gracias a estos servicios, ciudadanos y empresas no tienen que presentar certificados que ya obran en poder de otra administración, reduciendo cargas administrativas y agilizando la tramitación de procedimientos.
Solo la Generalitat realiza más de 38 millones de consultas interoperables al año mediante estos servicios, que constituyen uno de los pilares sobre los que se apoya la Administración digital.
Retrasos que afectan a la implantación y tramitación de procedimientos
El informe remitido al Estado señala que desde hace meses se vienen produciendo demoras significativas en la resolución de incidencias y, especialmente, en la tramitación de autorizaciones necesarias para acceder a determinados servicios de verificación de datos.
“Estas demoras están dificultando la implantación de nuevos procedimientos administrativos y afectan también a la tramitación de procedimientos ya existentes cuya regulación prevé expresamente que la Administración obtenga la información necesaria mediante consulta interoperable”, ha explicado el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega.
Entre los procedimientos afectados figuran becas universitarias, ayudas a comunidades de regantes, subvenciones de innovación educativa, ayudas al deporte, licencias de pesca, procedimientos agrarios, ayudas sanitarias o expedientes de entidades locales de la Comunitat Valenciana.
“Cuando un procedimiento ha sido diseñado para que el ciudadano no tenga que aportar determinada documentación, la falta de acceso a los servicios de interoperabilidad sitúa a la Administración en una posición especialmente compleja: necesita verificar el cumplimiento de los requisitos para resolver el expediente, pero tampoco resulta coherente trasladar nuevamente al ciudadano la obligación de aportar una documentación que la propia normativa ha eliminado”, ha señalado Ortega.
Impacto sobre la eficiencia y los servicios públicos
Además del impacto sobre la tramitación administrativa, el informe incorpora una estimación orientativa del coste que tendría sustituir las consultas interoperables por actuaciones manuales.
Solo en la Comunitat Valenciana, esta situación supondría dedicar más de 6,3 millones de horas de trabajo administrativo, con un coste interno estimado cercano a los 140 millones de euros anuales, además del incremento de cargas para ciudadanos y empresas.
La Generalitat advierte, asimismo, de que una degradación prolongada de estos servicios compromete la seguridad jurídica de los procedimientos, ralentiza la implantación de nuevas políticas públicas y deteriora la confianza en los servicios públicos digitales.
Ante esta situación, la Dirección General de Simplificación Administrativa y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han solicitado a la Agencia Estatal de Transformación Digital la adopción urgente de medidas para reforzar la capacidad operativa del servicio de soporte, agilizar la tramitación de autorizaciones, establecer compromisos claros de nivel de servicio y mejorar la coordinación entre los equipos responsables de la Plataforma de Intermediación de Datos y las administraciones usuarias.
El director general de Simplificación Administrativa ha indicado que “la interoperabilidad ya no es únicamente una herramienta tecnológica; constituye una infraestructura esencial para el funcionamiento de la Administración digital y para garantizar un derecho reconocido por la Ley 39/2015”.
Asimismo, ha subrayado que “cuando esta infraestructura no responde con la agilidad necesaria, el problema deja de ser informático para convertirse en un problema de gestión pública, porque condiciona la capacidad de las administraciones para tramitar procedimientos, ejecutar políticas públicas y prestar un mejor servicio a la ciudadanía”.
La Generalitat ha trasladado su plena disposición a colaborar con la Agencia Estatal de Transformación Digital para identificar e implantar las mejoras necesarias que permitan garantizar el funcionamiento de un servicio estratégico para el conjunto de las administraciones públicas.
