Igualdad supera por primera vez los 1.000 millones de presupuesto para inversión social y sitúa el gasto en 210 euros por habitante

Valencia, 02/11/2016
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado los presupuestos de su departamento para 2017, que experimentan un incremento del 7,1%, hasta llegar a los 1.048 millones de euros, lo que eleva la inversión social por habitante en la Comunitat Valenciana a los 210 euros, muy cerca de autonomías mejor financiadas, como Andalucía o Madrid.

Oltra, ha sido la primera representante del Gobierno valenciano en comparecer en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para dar cuenta sobre los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que, en el caso de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, crecen en 70 millones de euros, logrando el mayor incremento de las políticas sociales del conjunto del Consell.

El aumento de este año, sumado al del 17% que se produjo en 2016, supone una subida acumulada del 24%, «muy por encima del resto de secciones presupuestarias, lo que demuestra que la prioridad del Govern del Botànic es rescatar personas», y por ello la inversión en políticas sociales ha alcanzado los 210 euros por habitante, «acercándonos así a comunidades, como Madrid o Andalucía, que están mucho mejor tratadas por el actual sistema de financiación que castiga al pueblo valenciano«, ha explicado.

La vicepresidenta ha destacado que, un año más, las prestaciones de la Dependencia se han incrementado, hasta alcanzar los 247,24 millones de euros, y lo mismo se ha hecho con la Renta Garantizada de Ciudadanía, que cuenta con 41,09 millones de euros. Además de otorgar a ambas la consideración de crédito ampliable, que se extiende a las ayudas para acogimiento y para mujeres víctimas de violencia de género.

En su comparecencia, ha defendido el uso de esta fórmula que permitirá contar con más fondos de los presupuestados si son necesarios, de aquí a final de año, y ha añadido que si tiene que elegir entre «incumplir la ley de Estabilidad e incumplir la ley de Dependencia» ella prefiere incumplir la primera, «a no ser que la Comunitat Valenciana obtenga el sistema de financiación que le corresponde«.

«Si los presupuestos de 2016 fueron el final de los recortes practicados por el antiguo gobierno, estos de 2017 serán los de la consolidación de las políticas sociales y el inicio del cambio de modelo, pasando de la mercantilización y la arbitariedad a la universalidad, el municipalismo y la garantía de derechos«, ha afirmado la vicepresidenta y consellera de Igualdad.

Oltra ha señalado que un ejemplo de recuperación de lo público que la Conselleria está haciendo a través del municipalismo es el incremento del 101% que ha experimentado el presupuesto destinado este año a entidades locales para mejorar la atención a la dependencia con un refuerzo de los equipos bases, y que permitirá a los ayuntamientos seguir contratando nuevos profesionales para los equipos.

En esta misma línea, se incrementa en un 62,17% la aportación al Plan Concertado para la financiación de Servicios Sociales Generales, hasta los 52,17 millones de euros, lo que permite «iniciar la implantación de la planificación del nivel de atención social primaria a la Comunitat Valenciana«, que implicará la integración en los servicios sociales de los servicios municipales de atención a la dependencia.

Las líneas nominativas para ayuntamientos también crecen en la Dirección General del Institut Valencià de les Dones, que se dotan con 1,9 millones de euros para la municipalización del servicio de agentes de igualdad Infodona, que hasta ahora se prestaba a través de una empresa privada, y que a partir de 2017 se reconvierte en una nueva red que será «un elemento activo relevante como servicio de proximidad«.

La política de lucha contra la violencia de género también tiene reflejo en el presupuesto, con un aumento en la línea de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género hasta los 600.000 euros y 11,9 millones de euros para gestión de centros, con los que se pretende «revertir el sistema de protección a estas mujeres, de manera que garantice sus libertades y derechos» y las de sus hijos.