Las medidas de la Mutualidad de Procuradores para garantizar una pasarela RETA justa para los mutualistas llega al Congreso

• El pasado 6 de mayo, la Mutualidad de Procuradores asistió al Congreso y presentó una enmienda considerada la “normativa mínima y básica de referencia” para fijar las condiciones de la pasarela RETA
• Los grupos parlamentarios del Congreso admitieron que la Proposición de Ley presentada está incompleta y tienen su mano para alcanzar un acuerdo: “serán necesarias más reuniones”

Miles de procuradores y abogados españoles llevan años reclamando una mejora en sus condiciones de jubilación, exigiendo unas pensiones dignas y justas. Tras años cotizando en mutualidades privadas, colectivos como la Mutualidad de Procuradores lo definen como una “situación de desigualdad que urge corregir”.  El pasado 6 de mayo, el Grupo Parlamentario Socialista llevó al Congreso una Proposición de Ley para la toma en consideración de la integración de estos mutualistas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Sin embargo, la Mutualidad considera que la Proposición de Ley presentada en el Congreso es incompleta. Por ello, portavoces de la entidad acudieron al pleno para presentar su “Propuesta de regulación normativa para una Pasarela al RETA”, un texto que reúne todas las consideraciones contempladas por la Mutualidad. Previamente, además, este texto fue remitido también al Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, así como a la dirección de los grupos parlamentarios.

Garantías y principios de la pasarela RETA

El texto presentado por la Mutualidad de Procuradores se constituye sobre la base de que todo profesional que cotice o haya cotizado en mutualidades privadas pueda incorporarse a la Seguridad Social, transformando los pagos realizados a las mutualidades en cotizaciones. De este modo, todo mutualista, “independientemente de su situación o fecha de alta en la mutualidad”, podría acogerse a la pasarela RETA.

La solicitud de incorporación a la pasarela RETA sería absolutamente voluntaria por parte de los mutualistas, quienes la deberían solicitar en el plazo de un año después de la entrada en vigor de la normativa. Por otro lado, se dispondría de un plazo de seis meses para “establecer los términos y condiciones de la transferencia de derechos”.

En el texto presentado, la Mutualidad de Procuradores expone lo que consideran que debería ser la base de la Proposición de ley y apuntan que “deberá entenderse como la normativa mínima y básica de referencia”. La entidad reclama que día pagado de mutualidad sea un día cotizado en la Seguridad Social, lo que se conoce como “el principio de equiparación 1 por 1, reconociéndose como período cotizado en RETA cada mes cotizado en las mutualidades alternativas”.

La Mutualidad recoge los criterios que considera imprescindibles para asegurar una transferencia de derechos justa. Según su propuesta, se deberá tener en cuenta distintos factores: el total de capital transferido o el impacto económico positivo para las arcas públicas. Además, recalcan que los mutualistas “no han tenido acceso a las prestaciones adicionales del sistema público”, como la baja por maternidad o la incapacidad, entre muchas otras.

Ante la reticencia de algunos grupos parlamentarios, la entidad les trasladó que los mutualistas “no tienen contingencias cubiertas y se ven obligados a pagarlas a parte, del mismo modo que, en su momento, no tuvieron sanidad pública ni medicinas cubiertas”. Además, advierten: “Si no nos contemplan a todos, el estado se va a encontrar con una bolsa de profesionales que van a tener que pedir protección social y prestaciones sin haber contribuido a la Seguridad Social”.

Según el Consejo General de Procuradores de España, casi el 70% del sector de la procuraduría está compuesto por mujeres. Esta mayoría femenina visibiliza una segunda desigualdad estructural: aunque mujeres y hombres cotizasen una misma cantidad, las pensiones se calculan en función de la esperanza de vida, siendo éstas penalizadas por vivir más años. Esta doble discriminación, económica y de género, perpetúa un modelo injusto que debe tenerse en cuenta y corregirse cuanto antes.

Con esta propuesta de enmienda, la Mutualidad busca que los procuradores “queden equiparados en derechos, al menos, a un autónomo incluido en ese régimen público”. La transferencia al régimen RETA deberá ser voluntaria, y es necesario asegurar que nadie pierda derechos por realizar este cambio ni se vea obligado a pagar de más. Además, en caso de cotizaciones duplicadas, será imprescindible computar de la manera más favorable. “No queremos caridad”, sentencian, “solo que nuestros derechos sean reconocidos”. Los grupos parlamentarios del Congreso han tendido la mano y, unánimemente, han convenido que serán necesarias más reuniones para alcanzar un acuerdo.