Martínez Dalmau firma un convenio con el Ayuntamiento de Elda para la cesión del derecho de tanteo que permite la compra de viviendaS
- El vicepresidente y conseller asegura que este mecanismo permitirá al Consistorio ampliar el parque público de vivienda
- Elda es el cuarto municipio en suscribir este convenio, tras Sant Joan, Sant Vicent del Raspeig y Alboraia
Elda, 21/01/2021
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, firmaron ayer miécoles un convenio para la cesión de derecho de tanteo y retracto al Ayuntamiento para que pueda adquirir viviendas con el fin de atender las necesidades habitacionales de la localidad. Con esta firma «damos un nuevo paso hacia adelante en la consolidación del derecho a la vivienda en la Comunitat Valenciana», ha asegurado el vicepresidente.
Mediante esta fórmula, «conseguimos ampliar el parque público de viviendas, tanto de la Generalitat como de aquellos municipios que lo necesitan, para dar respuesta a la demanda de vivienda en este contexto de crisis económica y social que vivimos», ha declarado Martínez Dalmau, quien ha estado acompañado por la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, y el director general de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar.
El vicepresidente segundo ha defendido esta figura jurídica que «ayudará a proteger a las personas que viven en inmuebles procedentes de ejecuciones patrimoniales del riesgo de una subida abrupta del alquiler o del riesgo de ser desahuciadas, ofreciéndoles un alquiler social que les permita permanecer en sus casas».
De esta forma, «se pone en marcha un mecanismo que permite incorporar al parque público, a un precio muy asequible, viviendas que finalmente acabarían en manos de fondos buitre o entidades financieras». Gracias a esta herramienta, se ha conseguido recuperar 235 viviendas que iban a ser vendidas a las entidades financieras para ponerlas a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat en forma de vivienda pública. «Una cifra que podríamos haber ampliado con las 90 comunicaciones de tanteo relacionadas con viviendas localizadas en este municipio que hemos recibido en el último año».
Las viviendas adquiridas por la administración local se calificarán de protección oficial con carácter permanente, por lo que se incorporarán al parque público municipal, «asegurando así el cumplimiento presente y futuro de la función social de la vivienda». Todas ellas se destinarán en alquiler social a personas, familias o colectivos en situación de vulnerabilidad.
Gestión más eficiente
Otra de las ventajas sobre la cesión del derecho a los ayuntamientos es que se asegura una gestión más eficiente de proximidad del parque público de viviendas, ya que son los servicios sociales municipales los más cercanos a la gente y a los que primero acuden cuando tienen necesidades habitacionales.
Con cada convenio «avanzamos también en nuestro objetivo de descentralizar las políticas de vivienda de la Generalitat en favor de los municipios» y ha asegurado que, desde el inicio de su gestión al frente de Vivienda, «hemos defendido la importancia de que los ayuntamientos tuvieran un papel central en lo relativo a la gestión del parque público». Una atención cercana a la que la Vicepresidencia Segunda está contribuyendo mediante la apertura de las oficinas Xaloc y ha aprovechado la visita para invitar a Elda a unirse a ella.
Este convenio es el resultado del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Con él, la Generalitat puede ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto, algo que podrá ejercer directamente o a través de un ente público en el que delegue las competencias de vivienda.
Elda es el cuarto ayuntamiento de la Comunitat que se adhiere a este convenio, tras San Joan de Alacant y Sant Vicent del Raspeig que suscribieron el pasado mes de noviembre y Alboraia que lo hizo la semana pasada. Tiene una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse.
