Transición Ecológica impulsa ayudas, inversiones y proyectos de investigación para adaptar los servicios esenciales de saneamiento, residuos, prevención y protección medioambiental a la COVID-19
- La Administración autonómica comparte en el Consejo Asesor y de Participación Medioambiental las nuevas órdenes y decretos en materia de calidad ambiental, medio natural y programas de desarrollo rural
- El Plan de Inspección Ambiental intensifica la eficiencia y cierra el año con un incremento en la tramitación de expedientes del 42,7%
Valencia, 30/04/2020
La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica repasó ayer miércoles las medidas que ha llevado a cabo para garantizar la prestación de servicios durante la crisis sanitaria de la COVID-19 durante la reunión del Consejo Asesor y de Participación Medioambiental (CAPMA).
A pesar de la declaración del estado de alarma, muchos de los trabajos dependientes de Emergencia Climática y Transición Ecológica han sido declarados servicios esenciales. La actividad se ha desarrollado con plenas garantías en materia de saneamiento de aguas, gestión y tratamiento de residuos, prevención de incendios y protección y conservación medioambiental, con el fin de permitir que buena parte de la población pudiera quedarse en casa en condiciones estables.
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha agradecido el esfuerzo de todo el personal que ha continuado y continúa desarrollando su actividad y ha repasado algunas de las acciones de la Conselleria, que van desde las inversiones, campañas y promociones informativas institucionales o los proyectos de investigación, hasta las medidas para contribuir a reducir el gasto.
En materia de residuos, los protocolos y campañas informativas se han acompañado de medidas para evitar el rechazo a vertedero, que se presume mayor en una situación de emergencia sanitaria, así como para la recuperación de combustible sólido para generar energía.
En relación con la gestión de aguas residuales, se ha aplazado el pago del canon de saneamiento de abril, mayo y junio para toda la población de la Comunitat Valenciana (más de 5 millones de personas) que asciende a un importe estimado de 54 millones de euros.
La Conselleria, además, ha impulsado, junto con las universidades públicas, un proyecto de investigación para monitorizar la presencia del coronavirus en las aguas residuales.
El control de la fauna cinegética, junto con la autorización controlada de quemas agrícolas, ha centrado las tareas de medio natural. En la relación directa entre la tierra y el medio ambiente se enmarca también la campaña de promoción institucional #EstasManosVanASeguir sobre la también declarada esencial actividad agrícola, ganadera y pesquera, fundamental para el abastecimiento.
Por su parte, el servicio de vigilancia ha continuado con las tareas de prevención y vigilancia de incendios forestales.
Para el desarrollo de todas estos trabajos, la Conselleria ha extremado la seguridad y las precauciones, estableciendo turnos de trabajo, proporcionando equipos de protección al personal y tomando medidas de prevención como la distancia de seguridad, la deshabilitación del triaje manual y la desinfección periódica de los espacios.
Asimismo, se ha dotado de los medios necesarios a los y las agentes medioambientales que han colaborado, activamente, con otras conselleries en el reparto de material de protección.
Sube un 42,7 % la tramitación de expedientes
La reunión del CAPMA también ha servido para presentar los datos de 2019 del Plan de Inspección Ambiental, que ha registrado un crecimiento del 42,7 % en la tramitación de expedientes, hasta alcanzar los 1587.
El incremento ha motivado un derecho de cobro anual de 949.042 euros. El abono en periodo voluntario, de manera directa e inmediata, del 33,6 % de las sanciones, pone de manifiesto una mayor asunción de la responsabilidad por parte del infractor.
El encuentro también ha servido para informar de los requisitos técnicos para el uso de los áridos reciclados procedentes de la valorización de los residuos de construcción y demolición con garantías ambientales en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, en consonancia con los principios de la economía circular.
