Un informe de Intervención de la Generalitat concluye que hubo ‘insuficiente control’ en la gestión de las pruebas diagnósticas por resonancia magnética
Valencia, 03/02/2017
El pleno del Consell ha analizado el informe de la Intervención General de la Generalitat (IGG) sobre la gestión de servicios públicos por concierto para la realización de las técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia magnética.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, que el estudio de la Intervención General de la Generalitat concluye que «hubo un insuficiente control por parte de los órganos de contratación. Es decir, la administración anterior faltó en su deber de vigilancia sobre estas resonancias«.
El informe de Intervención de la Generalitat hace referencia a la inexistencia de unos criterios únicos de gestión y facturación por parte de la Conselleria de Sanidad; la existencia de catálogos propios en cada departamento de salud que diferían de lo previsto en el contrato; la ausencia de implicación activa por parte de los servicios de radiología de cada uno de los hospitales y la aplicación de criterios propios de facturación por parte de la empresa al margen del contrato.
Oltra ha adelantado que, ante «esta evidente falta de control por parte de la administración sobre este concurso millonario», que ejecutaba en régimen de monopolio la UTE Erescanner Salud, SL., «la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha decidido no renovar el contrato que se acaba en septiembre de 2018«.
A este respecto, la vicepresidenta ha señalado que «desde hace más de un año se está planificando la devolución al sistema público del diagnóstico por resonancias. La administración ha reaccionado ante la dejadez y falta de control que expresa la Intervención en su informe y va a poner en marcha diferentes medidas para controlar la actividad de la concesionaria».
De este modo, se ha creado un grupo de trabajo de radiodiagnóstico en la Conselleria de Sanidad Universal, constituido por facultativos especialistas en radiodiagnóstico, técnicos sanitarios, representantes de radiología de la CV, entre otros, con el fin de trabajar en la planificación ante la finalización del contrato en septiembre de 2018.
