El Consell aprueba el anteproyecto de la ley que convertirá al IVF en Banco Publico con el objetivo de priorizar a pymes y a proyectos sociales y sostenibles

El Consell aprueba el anteproyecto de la ley que convertirá al IVF en Banco Publico con el objetivo de priorizar a pymes y a proyectos sociales y sosteniblesValencia, 09/10/2017
El Consell aprobó el pasado viernes 6 de octubre el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, de 2018.

El texto recoge modificaciones concretas sobre 34 leyes con incidencia en las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio. Tras un periodo de exposición pública, el anteproyecto se remitirá ahora a los órganos consultivos para que emitan los informes preceptivos.

Entre las novedades, destacan los cambios legales que van a permitir convertir al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en el Banco público de la Generalitat, con la obligación, según la ley, de “dirigir su actividad principalmente hacia los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, pymes y emprendedores”, así como de “incentivar la adopción por parte de las empresas de criterios de sostenibilidad, tanto económica como social o medioambiental”.

El nuevo IVF, configurado como una entidad pública empresarial, gozará de plena autonomía para dar apoyo financiero a autónomos, profesiones y personas jurídicas privadas para iniciativas de cualquier ámbito sectorial, “con la excepción del sector de la promoción inmobiliaria, que no puede ser financiado por el Instituto Valenciano de Finanzas”.

De este modo, se introduce por ley la prohibición de otorgar créditos destinados a este ámbito sectorial, un veto que hasta ahora era únicamente una decisión interna no recogida en una disposición legal.

El texto incluye una excepción a esta prohibición general, que es la vivienda protegida, de manera que se regula por primera vez la participación del instituto en el impulso de la VPO.

Además, el instituto incorporará una mirada social a su actividad, que le permitirá bancarizar sectores que adolecen de infradotación de servicios financieros fundamentales, tales como la atención a discapacitados, la cultura o la formación.

El IVF estaba compuesto por dos áreas claramente diferenciadas: el área de carácter público (política financiera de la Generalitat) y el área privada (actividad crediticia e inversiones).

El anteproyecto de Ley de Acompañamiento materializa la escisión del IVF entre estas dos áreas, de forma que la relativa a la actividad crediticia e inversiones se configurará como el nuevo Banc de la Generalitat, mientras que las funciones y competencias en materia de política financiera y tesoro, certificación y firma electrónica pasan a integrarse en la Generalitat.

La nueva etapa del IVF se caracteriza por un cambio radical en las formas de gestión, destacando la apertura de líneas de contenido social y cultural, con una especial atención a las microempresas y los autónomos.

Destaca, entre ellas, la línea de préstamos a centros de atención a personas con diversidad funcional y la línea de préstamos a empresas que imparten cursos para desempleados en el marco de las ayudas el SERVEF.

A partir del 1 de enero, el Banc de la Generalitat dispondrá de un fondo dotado con 70 millones de euros para parados y emprendedores. Los recursos estarán destinados a apoyar la creación de negocios por parte de personas desempleadas y una segunda línea se dirigirá a fondos de inversión “startup” o de capital de riesgo.

La deducción por alquiler, ahora más fácil
La ley de Acompañamiento también modifica uno de los requisitos exigibles para beneficiarse de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual y por arrendamiento de vivienda como consecuencia de la realización de una actividad.

Hasta ahora se exigía que, para que el inquilino se beneficiase de la deducción, el arrendador tenía que haber realizado el depósito de la fianza.

Esto suponía hacer depender el derecho de la deducción del arrendatario, de la obligación de depositar la fianza por parte del arrendador, que consiste en un mero trámite administrativo.

De este modo, los valencianos que cumplan con los requisitos establecidos -lo que incluye la presentación del justificante de abono del impuesto de trasmisiones patrimoniales derivado del alquiler- podrán aplicarse la deducción con independencia de que el arrendador deposite o no la fianza.

Con esta medida, el Consell se hace eco de una recomendación tanto del Síndic de Greuges como del Defensor del Pueblo, en beneficio de miles de valencianos.

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